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La Segunda República Española fue el régimen político democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931 (fecha de la proclamación de la República, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII y el sistema de la Restauración) y el 1 de abril de 1939 (final de la Guerra Civil española). El numeral “segunda” se utiliza para diferenciarla del período republicano que hubo entre 1873 y 1874, conocido como la Primera República Española.
La evolución política de la Segunda República consta de cuatro etapas en la fase de paz: el gobierno provisional (de abril a diciembre de 1931), que convocó unas elecciones generales y la consiguiente aprobación de la Constitución española de 1931. En segundo lugar, y ya plenamente de manera democrática aparece el llamado bienio reformista (1931 - 1931 llevó a cabo diversas reformas que pretendían reformar el estado. Seguidamente, vino el bienio conservador (1933 - 1935), también conocido como el Bienio Negro, en el que el gobierno del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el parlamento por la derecha católica de la CEDA, intentó frenar las reformas iniciadas por el gobierno anterior. La última etapa republicana previa al inicio de la Guerra Civil fue el llamado Frente Popular, coalición de izquierdas que ganó las elecciones de febrero de 1936 y que se mantuvo hasta el estallido del golpe de estado del 18 de julio del 36.
Durante la guerra, el gobierno de la República tuvo tres presidentes diversos: José Giral (de julio a septiembre de 1936), aunque el poder real quedó en manos de los comités de guerra, Francisco Largo Caballero líder de UGT y el último fue el también socialista Juan Negrín. Las instituciones de la República se mantuvieron en el exilio.
1. De la monarquía de Alfonso XIII a la proclamación de la República.
La crisis del sistema de la Restauración borbónica (alternancia fraudulenta del partido Conservador y del Liberal) y la gran inestabilidad política (trece gobiernos diferentes entre 1917 y 1923), propiciaron que el general Primo de Rivera, con el consentimiento del monarca Alfonso XIII, diera un golpe que dio paso a una dictadura.
Sin embargo, Primo de Rivera no solucionó la grave crisis económica y social y, además, generó enfrentamientos con el Ejército. El aumento de la deuda pública y el descenso de la cotización de la peseta, junto con la oposición generalizada de amplios sectores de la sociedad, incluidos los militares, hicieron caer al gobierno en 1929 y obligaron al dictador a exiliarse al año siguiente.
El general Berenguer, y después el gobierno del almirante Aznar, intentaron formar un gabinete de concentración dinástica. La legitimación de la continuidad monárquica la planteó el gobierno Aznar mediante un complejo proceso electoral en el que se sucedían elecciones municipales, provinciales y estatales. Sin quererlo, las elecciones municipales convocadas por abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito sobre la aceptación o no de la monarquía.
Como los políticos monárquicos no ofrecían un proyecto real de participación democrática, el proceso constituyente se veía de manera forzosa ligado a la causa republicana, espoleado por los fusilamientos de los héroes de Jaca, acto de una fuerte vinculación emocional, además, la creciente oposición de las fuerzas republicanas pactada y fraudulenta.
A principios de 1931, vuelve a Cataluña Francesc Macià, exiliado en Francia durante la dictadura, que había intentado una invasión para instaurar la República Catalana. Macià es acogido como un héroe, como el hombre más popular de Cataluña, se había convertido en un mito, un hombre carismático, por su idealismo y por su irreductible defensa de los derechos de Cataluña. Era ya el “abuelo”. En Cataluña, la monarquía sólo contaba con el apoyo de la Liga Regionalista, muy debilitada por los resultados electorales.
En toda España ganan las izquierdas. Para sorpresa de la mayoría, los resultados electorales del 12 de abril mostraron que las ciudades españolas más importantes se habían pronunciado a favor de los partidarios de la República. En Cataluña, lo hace Esquerra Republicana de Catalunya, un partido creado tres meses antes a partir de la fusión entre Estat Català, el Partit Republicà Català (1917-1931) y el grupo afín a la publicación de la Opinión. La pequeña burguesía y la inmensa mayoría de los trabajadores habían votado a favor de la República para recuperar las libertades públicas y sindicales.
Pese a los resultados electorales, no era previsible un cambio de régimen inmediato. La mayoría electoral era todavía dinástica en los pequeños municipios, pero la clase trabajadora, el pasado 14 de abril, estaba dispuesta a terminar lo que había iniciado, y las dos poblaciones que primero proclamaron la República fueron Eibar y Barcelona, dos ciudades industriales. En Barcelona, ERC fue ganadora en votos y concejales en las cuatro provincias catalanas; Lluís Companys proclamó la República Catalana, izando la bandera republicana y Francesc Macià se dirigió, poco después, al actual palacio de la Generalidad de Cataluña, al otro lado de la plaza, y proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española. El escritor Toribio Echeverría explicó la proclamación de la Segunda República a Eibar de este modo:
...y antes de las seis de la mañana había congregado el pueblo en la plaza que se llamaba de la República, y los concejales electos del domingo, por su parte, habiéndose presentado en la Casa Consistorial con la intención de hacer valer su investidura desde aquel instante, se constituyeron en sesión solemne, acordando por unanimidad proclamar la República. Acto seguido fue izada la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento, y Juan de los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado, que a partir de esa hora los españoles estábamos viviendo en República.
El rey no quiere abdicar. Sin embargo, el comité revolucionario proclama el gobierno provisional, cuyo jefe, Niceto Alcalá-Zamora, proclama la II República española desde el balcón del Ministerio de Gobernación. Ese mismo día, Alfonso XIII se va de Madrid en coche en dirección a Cartagena. Allí se embarca en un barco que le lleva a Marsella. Su familia abandona el estado sin que se produzca ningún acto violento en su contra.
2. La Segunda República en tiempos de paz (1931 - 1936).
El contexto internacional en el que nacía la joven República era adverso en el ámbito económico y político. La crisis económica mundial se había iniciado con el crack del 29 y el modelo democrático estaba en retroceso en Europa: Austria tenía un gobierno parafascista, Alemania estaba a punto de ser gobernada por Adolf Hitler y en Italia ya tenía en el poder a Mussolini. En pocas palabras, la sociedad europea de los años 30 del siglo xx asistía a una bipolarización entre fascismo y socialismo.
Los períodos que vivirá la República son:
- El gobierno provisional (1931).
- El Bienio Reformista, propuesta de llevar a cabo la política de izquierdas.
- El Bienio Negro, gobierno de la CEDA con el objetivo de desmantelar la obra del bienio anterior.
- El frente popular.
2.1. El gobierno provisional (1931)
El gobierno provisional de la Segunda República española ejerció el poder político en España desde la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 hasta la aprobación el 9 de diciembre de la Constitución española de 1931 y la formación del primer gobierno ordinario el 15 de diciembre de 1931. Hasta el 15 de octubre de 1931 Alcalá-Zamora; después de su dimisión, fue sustituido por Manuel Azaña.
Hay que tener en cuenta que la coalición republicano-socialista llegaba al poder en un momento complicado, ya que en el ámbito internacional, sobre todo en Europa y Estados Unidos, se estaba viviendo una dura crisis económica conocida como la Gran Depresión, producida por el crack del 29. Aunque afectó de una manera mucho más leve, en España también se notaron los efectos de ésta de industrias complementarias; y comportó un aumento del paro. Esta situación iba acompañada de un sentimiento contradictorio de esperanza y buenas expectativas por el cambio político que se estaba produciendo.
2.1.1. Política de orden público.
El 15 de abril la Gaceta de Madrid publica un decreto que fija el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional, norma legal superior por la que se rigió el gobierno provisional hasta la aprobación de la nueva Constitución, en la que se auen 1714toproclama como "gobierno de pleno poder". Existe un aspecto polémico en este estatuto y es la contradicción que se observa en la cuestión de las libertades y derechos de los ciudadanos, ya que su reconocimiento va acompañado de la posibilidad de su supresión por parte del gobierno, sin intervención judicial "si la salud de la República, a juicio del gobierno, lo reclama". Esta política contradictoria de la República respecto al orden público culminó con la aprobación por las cortes constituyentes de la Ley de Defensa de la República el 21 de octubre de 1931, ya que dotó al gobierno provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra quienes cometieran "actos de agresión contra la República".
2.1.2. La cuestión "regional".
El problema más complejo que tuvo que afrontar el gobierno provisional fue la proclamación de la República Catalana por Francesc Macià en Barcelona el mismo 14 de abril. tres días después, tres ministros del Gobierno Provisional se entrevistaron en Barcelona con Francesc Maciá y llegaron a un acuerdo por el cual Esquerra Republicana de Catalunya renunciara a la República Catalana a cambio del compromiso del gobierno nacional a presentar a las futuras cortes constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes, y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, recuperando así "el nombre de gloriosa tradición" de la centenaria institución del Principado, que fue abolida por Fe1ipe V con el decreto de Nueva Planta de Cataluña en 1714. El Proyecto de Estatuto de Cataluña, llamado Estatuto de Núria, fue aprobado por una amplia mayoría en el referéndum del 3 de agosto. Pero sobrepasaba las competencias que permitía la Constitución, así como establecía una denominación que no gustó al gobierno provisional (modelo federal de estado).
En el caso del País Vasco, el proceso para conseguir el Estatuto de Autonomía se inició simultáneamente en catalán. Una asamblea de los ayuntamientos vascos y navarros se reunieron en Estella el 14 de junio para aprobar un Estatuto que se basaba en restablecer los fueros vascos, abolidos por la ley de 1839. El Estatuto de Estella fue presentado el 22 de septiembre de 1931 en las cortes constituyentes, pero surgieron diversas problemáticas fruto de su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del estado Vasco.
2.1.3. La cuestión religiosa.
Las primeras decisiones del gobierno provisional sobre la secularización del estado fueron muy moderadas. En el artículo 3º del Estatuto jurídico del gobierno provisional, se proclama la libertad de culto, a partir del cual el día 6 de mayo de 1931 se declara voluntaria la enseñanza religiosa. Gran parte de la jerarquía eclesiástica española estaba en contra de estas medidas y predicaban que la República suponía una pérdida de moral e integridad; es destacable la disputa entre el cardenal de Toledo Pedro Segura y el gobierno provisional.
Pocos días más tarde se produjo la llamada quema de conventos de 1931, ola de violencia contra la Iglesia católica, principalmente ocurrida entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 a España. Los tumultos comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico, destinado a organizar a los leales a Alfonso XIII contra la recientemente declarada Segunda República Española, y rápidamente se extendió a otras ciudades del sur y del este peninsular. El gobierno provisional no quiso actuar frente a la quema de conventos, ya que no querían enfrentarse a los alborotadores, pero la situación llegó a un punto límite y el gobierno se vio obligado a declarar el estado de guerra en Madrid, hecho que paró los altercados en la capital pero no pudo frenar su expansión hacia otras ciudades. Se quemaron unos 100 edificios religiosos.
La respuesta del gobierno provisional fue la suspensión del diario católico El Debate y del monárquico ABC, además de la expulsión de España al obispo integrista de Vitoria, que no quiso suspender un viaje pastoral a Bilbao que podía provocar enfrentamientos entre las diversas posiciones respecto a la cuestión religiosa. También aprobó algunas medidas para separar a la Iglesia del estado, como la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiera alumnos que no recibieran una enseñanza religiosa.
La Iglesia católica criticó todas estas medidas laicas, pero fue en vano. En este ámbito, destacamos los conflictos entre el gobierno y el cardenal Segura. Finalmente, el gobierno provisional publicaba, con fecha del 20 de agosto, un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas.
2.1.4. La cuestión militar.
Los dos objetivos de la reforma militar de Manuel Azaña eran, por un lado, intentar conseguir un ejército más moderno y eficaz, y por otro lado subordinar el poder militar al poder civil. Uno de sus primeros decretos, el del 22 de abril, obligaba a los jefes y oficiales a prometer fidelidad a la República. El ejército tenía un exceso en el número de oficiales, jefes y generales; por ese motivo, el gobierno, con una propuesta de Azaña, aprobó el 25 de abril de 1931 un decreto de retiros extraordinarios, en los que se ofrecía a los oficiales del ejército que lo solicitaran la posibilidad de apartarse voluntariamente del servicio activo con la totalidad del sueldo. La adhesión fue masiva; gracias a esto, se pudo reorganizar el ejército. Otro de los aspectos que abordó esta reforma militar fue el problema de los ascensos, elaborando un decreto que anulaba a la mayoría de los ascensos producidos durante la Dictadura, lo que provocó un retroceso en muchos de los oficiales. La reforma fue duramente combatida desde los medios políticos conservadores y por los órganos de expresión militares.
Otro de los aspectos que pretendía mejorar la reforma militar de Manuel Azaña era civilizar la vida política, deteniendo el intervencionismo militar; se derogó la Ley de jurisdicciones de 1906. Sin embargo, el poder militar siguió ocupando buena parte de los órganos de la administración del estado relacionados con el orden público.
2.1.5. La cuestión agraria.
Uno de los problemas más acuciantes que tuvo que resolver el gobierno provisional en la primavera de 1931 fue la grave situación que estaban sufriendo los jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura, donde el invierno anterior había superado los 100.000 parados y los abusos en la contratación y los salarios bajos los mantenían en la miseria. Para solucionar este problema, el gobierno, a propuesta del ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, aprobó siete decretos agrarios que tuvieron un enorme impacto, especialmente el decreto de términos municipales, que proporcionaba a los sindicatos un mayor control del mercado de trabajo al impedir la contratación de jornaleros de fuera del municipio hasta que no tuvieran trabajo los de la misma localidad. Además, el decreto estipulaba la creación de jurados mixtos, organismos formados por 6 patronos, 6 obreros y un secretario, a fin de regular las condiciones de trabajo en el campo.
Como era de esperar, la aplicación de los decretos agrarios se topó con la oposición de los propietarios, que se apoyaron en los ayuntamientos, muchos con fuerte presencia monárquica, para enfrentarse a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadoras de la Tierra de UGT y las Casas del Pueblo socialistas.
2.1.6. La cuestión social.
Largo Caballero también emprendió una reforma de las relaciones laborales, que consistía en crear un marco legal que las reglamentara, y consolidara el poder de los sindicatos, especialmente de UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento.
Ambas piezas básicas del proyecto fueron la Ley de contratos de trabajo y la de jurados mixtos, aprobadas ambas bajo la presidencia de Manuel Azaña. La ley de contratos de trabajo regulaba los convenios colectivos y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de contratos. Establecía el derecho a vacaciones pagadas y protegía el derecho de huelga, que bajo algunas causas no podía ser motivo de despido. La Ley de jurados mixtos extendía el sistema a la industria y los servicios.
El gobierno provisional esperaba que con estas medidas se redujera el número de huelgas, pero la paz social no se produjo, ya que la incidencia de la recesión económica era muy grande, sumada a que la CNT se opuso radicalmente a las dos leyes y se lanzó a la acción directa para conseguir por otros medios la negociación laboral.
2.1.7. La cuestión de la mujer.
En 1931 la Constitución Republicana declaró la igualdad legal entre ambos sexos, es decir, puso fin a la subordinación de las mujeres.
Pero durante el primer tercio del siglo xx, las mujeres ya habían empezado a intervenir con fuerza en la vida política, social y laboral. Las mujeres sufrían unas desventajas muy mayores, las mujeres casadas aún más que las solteras, ya que éstas al tener 23 años podían gozar de algunos de los derechos de los hombres (como por ejemplo, firmar contratos y montar negocios), pero se encontraban totalmente excluidas de funciones como votar o ser elegidas por cargos públicos. Por otro lado, en ese momento, en la mayoría de regiones españolas, las mujeres, al casarse, perdían la mayoría de derechos legales y pasaban a depender totalmente de las decisiones de su marido, necesitaban permiso de él para tomar todo tipo de decisiones como por ejemplo: hacer negocios, vender o hipotecar la propiedad que ella había aportado al matrimonio y tampoco podía por sí misma aceptar o recibir. El código civil establecía que las mujeres debían obedecer al hombre y castigaba la desobediencia con penas de prisión. Además, las mujeres tenían que vivir con su marido y no podían abandonar el hogar sin su permiso.
Catalunya, en ese momento, fue la excepción porque según el derecho catalán cada cónyuge conservaba la propiedad de todos sus bienes después de contraer matrimonio, algo que como hemos visto no era fácil de encontrar. Las prescripciones morales y sociales no ayudaban a las mujeres, sino que se veían perjudicadas por los valores que les imponían. Recluían a la mujer en el hogar y le otorgaban como misión principal a la vida ser buena esposa y buena madre. Por eso lo ideal de las mujeres de clases media y alta era hacer un buen matrimonio que las liberara del trabajo remunerado. Sólo entre las clases populares las mujeres solían trabajar en caso de necesidad. Durante el siglo XIX y principios del XX el movimiento feminista en España no tuvo mucha trascendencia, a diferencia de la mayoría de los países desarrollados de Europa. En un principio se centró más en reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o el trabajo, que en las demandas de igualdad política, sufragio femenino.
2.2. El bienio reformista (1931 - 33)
El 28 de junio se celebran elecciones en las cortes constituyentes, de nuevo con victoria abrumadora de las izquierdas. Antes de finalizar el año, el 14 de octubre, Alcalá-Zamora dimite como presidente del gobierno porque en el Parlamento hay demasiadas posiciones laicas y reformistas para un centrista como él (conserva, sin embargo, la presidencia de la República), y asume el cargo Manuel Azaña, hasta entonces ministro de la Guerra.
El gobierno aprueba la Constitución de la República el 10 de diciembre de 1931. Pocos días después, el 16, Azaña forma un gobierno estable que dará lugar al llamado bienio socialazañista.
La primera legislatura republicana, presidida por Manuel Azaña, no satisfizo a nadie: las reformas realizadas o previstas exasperaron a la Iglesia católica (ya que el gobierno prohibía la enseñanza a los religiosos y extinguía la Compañía de Jesús), a los terratenientes y buena parte de los militares, mientras que, en el otro extremo, los anarquistas las consideraban insuficientes. En este contexto, las muestras de rechazo a la República serán constantes.
La obra del primer gobierno querrá ser reformista y centrada en varios puntos:
- Reforma religiosa: se buscó la reducción del poder de la Iglesia en todos los ámbitos. Se disolvió la Compañía de Jesús (y se incautaron los bienes), se aprobó el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de la enseñanza y de los cementerios. Más adelante, en 1933, se aprobó la Ley de congregaciones; con esta ley, el estado podía regular y fiscalizar todas las actividades de la Iglesia.
- Reforma del ejército: era necesario profesionalizar el ejército, además de asegurar su fidelidad a la República; había que alejar a los mandos más "peligrosos" incentivando los retiros voluntarios anticipados. El gobierno suprimió las capitanías generales y la Academia Militar de Zaragoza. Al mismo tiempo, decidió someter la jurisdicción militar a la civil. Se creó una nueva fuerza policial militarizada: los guardias de asalto.
- Estatuto de autonomía de Cataluña (1932) (también llamado Estatuto de Núria): En Catalunya, la victoria abrumadora de ERC propiciará la recuperación de la Generalitat y un nuevo Estatut aprobado por gran mayoría del país. Las mujeres, que no podían votar, sí que hicieron una recogida masiva de firmas para mostrar su apoyo al Estatut. En septiembre de 1932, las cortes republicanas aprueban el Estatut.
- Reforma agraria: en 1932 se aprobó la Ley de reforma agraria. El objetivo del gobierno era la eliminación del latifundismo y la creación de una clase de pequeños propietarios, con la consiguiente modernización y mejor aprovechamiento de las tierras. La ley establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los grandes de España y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por sus propietarios, las tierras deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadío. Se creó el Instituto de Reforma Agraria para llevar a cabo esta reforma. La reforma no terminó de satisfacer a nadie. Los propietarios se opusieron a la expropiación; los campesinos criticaron su lentitud y el Instituto de Reforma Agraria no disponía de suficiente presupuesto para sacarla adelante.
- Reformas sociales, el socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo, dictó medidas destinadas a mejorar la situación laboral de los trabajadores, tanto del proletariado industrial como del campesinado. Sin embargo, no existió un plan eficaz para combatir el paro. En lo social, se mejoró la situación legal de la mujer, reformando el código civil. Los trabajadores vieron reducida su jornada laboral (en el campo) y mejoras en los seguros sociales, pero no hubo un buen plan para reducir el paro. En el ámbito educativo los cambios fueron bastante importantes. Se crearon escuelas para la primaria, se mejoró el sueldo de los maestros y se impulsó una renovación pedagógica. Se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa. Especialmente interesante fue la experiencia de las Misiones Pedagógicas, que tenían por finalidad llevar la instrucción y la cultura al mundo rural.
Intentaron reformar la educación centrándola en la enseñanza primaria; se crearon las Misiones Pedagógicas y se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa en las escuelas.
El gobierno de Manuel Azaña tuvo que enfrentarse a numerosos problemas y dificultades. Por un lado, la derecha monárquica y los sectores más conservadores de la sociedad española se opusieron a las reformas agrarias, religiosas, autonómicas y sociales del gobierno republicano. El incidente más remarcable es el intento de golpe de estado del verano de 1932 del general José Sanjurjo, conocido como Sanjurjada, que fracasa y acelera la aprobación, el 9 de septiembre del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932.
En 1933, Azaña intentó hacer otro gobierno republicano y socialista, en el que también formó parte ERC; lo que motivó que Lluís Companys dejara durante dos meses la presidencia del Parlament, para pasar a ser ministro de Marina. Las dificultades venían también desde las posiciones más de izquierdas (CNT y FAI), que se oponían al reformismo burgués de los republicanos y propugnaban una revolución libertaria. La situación convulsa acaba provocando insurrecciones y conflictos como los hechos de Casas Viejas, que precipitaron la caída de Manuel Azaña, las insurrecciones de Castilblanco o las del Alt Llobregat. El presidente de la República, Alcalá-Zamora, deshace el gobierno Azaña para ahuyentar a los socialistas del poder. Diego Martínez Barrio encabeza el nuevo gobierno, integrado únicamente por republicanos, que disuelve las cortes y convoca elecciones. Las mujeres, por primera vez, podrán votar, lo que, al parecer, favorece a los partidos de centroderecha en las elecciones del 19 de noviembre siguiente. Las elecciones son ganadas por el centroderecha del Partido Republicano Radical, encabezado por Alejandro Lerroux. En Catalunya, ERC pierde fuerza ante la Lliga Catalana.
2.2. El bienio conservador o bienio negro (1933 - 36)
En otoño de 1933, ya eran evidentes la crisis de la coalición republicano-socialista y el desgaste del gobierno. El jefe del gobierno, Manuel Azaña, dimitió y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las cortes y convocó elecciones en noviembre.
2.2.1. Las elecciones de 1933: el gobierno de derechas.
Las elecciones generales de 1933 se celebraron el 19 de noviembre. Aunque la abstención fue bastante alta, fueron las primeras en las que, en aplicación de la Constitución de 1931, las mujeres pudieron ejercer el voto. La izquierda se presentó desunida: los republicanos y socialistas, enfrentados por los conflictos sociales, presentaron candidaturas separadas; además, un importante número de obreros optó por la abstención a petición de la CNT. Pero la derecha, por el contrario, se presentó unida y organizada en muchas circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centroderecha, lo que inauguró dos años de gobierno conservador, un período que fue llamado Bienio Negro por las izquierdas.
Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Republicano Radical de Lerroux y la CEDA de Gil-Robles. El presidente de la República, Alcalá Zamora, temeroso ante las pretensiones de la CEDA, que amenazaba con reformar la Constitución, confió la formación del gobierno al Partido Republicano Radical. Éste constituyó un gabinete monocolor que tuvo, sin embargo, el apoyo parlamentario de la CEDA a cambio de la promesa de una rectificación inmediata de las reformas del bienio de izquierdas.
2.2.2. La paralización de las reformas.
El nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux inició su acción paralizando gran parte la reforma agraria: fijó la devolución de tierras a la nobleza, anuló la cesión de propiedades mal cultivadas y otorgó la libertad total de contratación, medida que supuso una bajada de los salarios de los jornaleros. Además, se enfrentó con el gobierno de la Generalitat debido a la Ley de contratos de cultivo aprobada por el Parlamento catalán, que garantizaba a los agricultores rabassaires el acceso a la propiedad de las tierras que trabajaban mediante el pago a los propietarios de unos tributos previamente tasados por el gobierno. El gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa con la aprobación de un presupuesto de culto y clero y con el inicio de negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. En cuanto al ejército, se aprobó una amnistía para quienes se habían sublevado junto con Sanjurjo en 1932 y para los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera. En materia de educación, se respetaron los cambios del gobierno anterior, aunque se redujo considerablemente su presupuesto. Por último, las cortes paralizaron la discusión del proyecto de Estatuto vasco, con lo que el gobierno central se ganó la enemistad de los nacionalistas vascos.
El giro conservador y la obstrucción del proceso reformista emprendido durante el bienio de izquierdas tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de UGT. Su ala más izquierdista, liderada por Francisco Largo Caballero, propuso dejar de colaborar con las fuerzas burguesas; propugnó la revolución social y se acercó así a las posiciones anarquistas; a consecuencia de ello, se produjo una proliferación de huelgas y conflictos, sobre todo en 1934.
2.2.3. La revolución de octubre de 1934.
Ante la movilización obrera, la CEDA reclamó al Ejecutivo una acción más contundente en materia de orden público y exigió participar directamente en el gobierno con la amenaza de retirar el apoyo parlamentario. Lerroux accedió a estas peticiones y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres carteras ministeriales al partido de Gil Robles. La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo.
Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de UGT y con una escasa participación de la CNT, se llevó a cabo una huelga general para impedir la consolidación del nuevo gobierno. El movimiento fracasó por la falta de coordinación y por la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra, pero los acontecimientos alcanzaron un relevo especialmente grave en Asturias y en Cataluña.
En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los cuarteles de la guardia civil y sustituyeron a los ayuntamientos por comités revolucionarios, que asumieron el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los transportes y el suministro de agua y de electricidad. Los mineros, dispuestos a defender la revolución, pusieron cerco a la ciudad de Oviedo y se enfrentaron con las fuerzas del orden.
En Cataluña, la revuelta obtuvo el apoyo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que quería evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico de este partido. El 6 de octubre, Companys proclamó la República Catalana dentro de la República Federal española y, al mismo tiempo, una alianza de partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, UGT, Unión de Rabassaires y comunistas) organizaba una huelga general. La negativa de la CNT, que era la fuerza obrera mayoritaria, a participar en la huelga y el escaso apoyo ciudadano hicieron fracasar la rebelión. El gobierno declaró el estado de guerra en Cataluña y el ejército, comandado por el general Batet, ocupó el palacio de la Generalitat. Hubo más de 3.500 detenidos, entre ellos todos los miembros del gobierno de la Generalitat y todos los alcaldes, diputados y concejales que habían apoyado la insurrección, así como los dirigentes más destacados del partido y de los sindicatos de izquierdas. Azaña, que estaba en Barcelona, también fue encarcelado.
2.2.4. La crisis del segundo bienio.
Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas de rigor y proceder a una reorientación de la política del gobierno. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a José María Gil-Robles y Quiñones ministro de Guerra, y Francisco Franco, jefe del estado mayor. En julio de 1935, la CEDA presentó un proyecto para modificar la Constitución que recogía la revisión de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiar tierras.
En otoño de 1935 estalló una fuerte crisis de gobierno. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo y los casos de malversación de fondos por parte de distintos políticos radicales (caso Nombela). Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. Los radicales de Lerroux habían perdido la legitimación para gobernar y se hacía imprescindible un relevo en el poder. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno para poder aplicar sin obstáculos el programa de su partido, pero Alcalá Zamora se negó y, a finales de diciembre, decidió convocar nuevas elecciones legislativas para febrero de 1936.
2.3. El Frente Popular (1936)
2.3.1. Las elecciones del 16 de febrero de 1936.
En estas elecciones, la izquierda se reorganizó: el Partido Socialista (PSOE), la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, el Partido Comunista de España (PCE) y los nacionalistas gallegos (ORGA) y catalanes (ERC) se presentaron a las elecciones como Frente Popular. Los nacionalistas del País Vasco simpatizaban y el importante sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) rompió su apoliticismo para pedir el voto para el Frente Popular, mientras que los partidos de derechas se presentaron desunidos. En Cataluña, las derechas sí se organizaron, en el llamado Frente Catalán de Orden.
En España, las elecciones del 16 de febrero de 1936 son ganadas de forma abrumadora por el Frente Popular, mientras en Catalunya ganó el Frente de Izquierdas. La victoria de las izquierdas se produjo por una conjunción de factores: la descalificación del Partido Radical de Lerroux, la masiva participación electoral de los anarquistas y la división de unas fuerzas de derecha divididas entre el Bloque Nacional (sucesora de Renovación Española) de José Calvo Sotelo y la CEDA de Gil Robles.
En Cataluña, las elecciones de febrero fueron ganadas por el Frente de Izquierdas de Cataluña, que se enfrentaba al Frente Catalán de Orden, liderado por la Liga Catalana. La victoria de las izquierdas supuso la libertad inmediata para Lluís Companys y el resto de los detenidos por los acontecimientos de 1934. En el Parlament, se mantenía un espíritu de no agresión entre la Liga y ERC, pero en la calle las actitudes se radicalizaban entre los seguidores de los diversos partidos y se esperaba que de un momento a otro se produjera un golpe de golpe.
2.3.1. Hacia el levantamiento militar.
Manuel Azaña fue elegido nuevo presidente de la República y Casares Quiroga fue nombrado nuevo jefe de gobierno, del que no formaron parte los socialistas, porque estaban divididos entre los partidarios de Francisco Largo Caballero, aclamado como el Lenin español y proclive a realizar una transformación revolucionaria de la sociedad, y los socialistas moderados, los partidarios de Indalecio.
El nuevo presidente de la República, Azaña, un liberal partidario de la reforma paulatina y del proceso democrático, era odiado intensamente por parte de la derecha española, que recordaba el recorte del presupuesto del ejército y el cierre de la academia militar cuando era ministro de guerra (1931). A la derecha, el monárquico José Calvo Sotelo reemplazó a José María Gil-Robles como portavoz de la CEDA en el Parlamento. En Cataluña, Companys volvió al frente de la Generalitat. El general Francisco Franco es destituido de la jefatura del estado mayor y enviado a Canarias, el general Manuel Goded es desplazado y enviado a Baleares, y el general Emilio Mola Vidal es destituido como jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos y es enviado a Pamplona. De este modo, el nuevo gobierno pretendía disuadir a los militares de la tentativa de un golpe de estado.
A partir de los meses de febrero y marzo de 1936, el Frente popular y las derechas siguieron caminos diferentes: la derecha inició el camino de la conspiración para ganar lo que había perdido en las urnas, mientras que en la izquierda PSOE, UGT y comunistas se radicalizan y ocupan fincas agrarias. Todo el mundo se preparaba, como decía el dirigente falangista José Antonio Primo de Rivera: "ha legado el momento de la dialéctica de los puños y las pistolas". La Falange Española fue ilegalizada y José Antonio Primo de Rivera, su jefe, fue detenido. En el ejército también se vivió la división política: por un lado, la Unión Militar Española preparaba el golpe de estado y se elegía, en abril del mismo año, como director del futuro golpe de estado al general Emilio Mola Vidal; en el otro extremo, se formó la Unión Militar Republicana Antifascista.
El enlace de wikipedia en catalán continúa, pero yo he decidido no hacerlo porque esta información me la guardo para otras entradas posteriores. Volveremos sobre el tema más adelante. La siguiente entrada es Mi introducción a la Segunda República Española.
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